Quizás ningún caso como el de la Dictadura guatemalteca ilustre el tipo de resultados que la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrolló en América Latina.

En el año 1982, América Central experimentaba el inicio del gobierno del Frente Sandinista en Nicaragüa y el reclamo de las guerrillas por mayor democracia en El Salvador. Guatemala vivía a su vez un largo proceso de guerra civil entre distintas facciones políticas, las fuerzas armadas y los reclamos de las comunidades mayas por sus tierras y su lengua.

En marzo de 1982 el general José Efraín Ríos Montt derrocó a otro general en un Golpe de Estado motivado por la necesidad de “rescatar los valores morales”. Ríos Montt gobernó hasta agosto de 1983 , pero en ese año y medio sancionó el Estado de sitio, prohibió toda actividad política, creó las Patrullas de Autodefensa Civil (paraestatales) y aprobó la vigencia de Tribunales especiales cuyos jueces eran anónimos y podían condenar a muerte sin derecho a defensa de los acusados.

La política represiva de Ríos Montt se dirigió centralmente contra las comunidades mayas Ixil, a las que el dictador acusaba de ser “comunistas”. Se propuso, en sus propias palabras, “quitarle el agua a los peces”, por lo que militarizó las comunidades y aldeas, desplazó poblaciones y asesinó a cien mil miembros de la comunidad Maya. Este sistema planificado de represión interna transformó el caso de Guatemala en un genocidio.

Rigoberta Menchú Tum (sobreviviente de ese genocidio) fue galardonada en 1993 con el Premio Nobel a la Paz, por su esfuerzo en dar a conocer el genocidio y su lucha por los derechos de los pueblos mayas y originarios en América Central.